Una función pública que no funciona.

   En España, al igual que algún otro país, las personas que trabajan para la Administración Pública no son siempre las mejor preparadas. ¿Por qué? Veamos de que polvos proceden estos barros.

   En 1984, la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, sin derogar  la Ley de Funcionarios de 1964, admitía un "régimen paralelo de Derecho Laboral", por una parte laboralizando el régimen de la Función Pública ( sobre todo en la progresión o carrera profesional vinculada a trabajar tiempo en el mismo sitio), y por otro admitiendo un régimen paralelo de contratación laboral con la mayor de las ambiciones que, algo después, tumbó en parte el Tribunal Constitucional en su sentencia 99/1987.

   De vuelta a la carga, ya la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del empleado Público lleva, como cerezita, la intención política de quitar competencias básicas del Estado en Función Pública, en favor de las Comunidades Autónomas, lo que da y dará una espiral de agravios comparativos entre los empleados de los distintos países que forman esta España nuestra. Pero sobre todo, más empleo público laboral, equiparando este régimen al funcionario, si no mejor porque quizás sea más tuteladora de derechos la jurisdicción laboral que la contencioso-administrativa.

   La situación ha sido la contratación en régimen laboral, cada vez mayor, y alejada de las servidumbres de sistemas de acceso a puestos de funcionarios mediante pruebas, específicas y competitivas muy rigurosas, y que ahora han pasado a ser: bien sin prueba alguna por favores políticos; o bien a través de procesos selectivos que podríamos calificar como "de cachondeo", en comparación con los procesos para adquirir la condición de funcionario.

   Como "una vez dentro e interino", ya desde la Ley 23/1988 de Modificación de la Reforma de la Función Pública, se admiten las "oposiciones con mochila" ( es decir que se reconoce como mérito en las oposiciones, el tiempo trabajado en régimen laboral en ese puesto), pues la jugada es maestra: la partidocracia mete a los suyos ( que como los zombies cada vez son más) de relajada manera y, posteriormente, les hace fijos en también relajadas oposiciones que valoran méritos que sólo ellos tienen.

   Ya de otro lado, y esto no está escrito en las leyes (claro está), viene una cuando menos inquietante aquiescencia de los sindicatos en sistemas de oposición que, cuando menos, le causan a uno extrañeza e inquietud. Me refiero a exámenes cuyo contenido se basa en supuestos prácticos, previamente diseñados por el Tribunal, y en ausencia de temario, exámenes de desarrollo escrito por sorteo; exposición de temas de manera oral pública y por sorteo previo, etc.

   El resultado, con los años, es obvio. Se está colando, entre gente muy bien preparada y válida que a veces no logra aprobar, una caterva de formación pésima, y cuyo único mérito es la pertenencia a algún partido, o la amistad con alguien. Esto da una mala fama, y una injusta fama, a TODOS los funcionarios.

   Y ya otro día, si quieren, les hablo de sueldos, de esos famosos sueldos que dice la gente que cobran los funcionarios. Ahí ya no hay ni disimulo ni verguenza en laboralizar las principales administraciones independientes o reguladoras de este país ( Banco de España, CNMV, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, etc, etc, etc...), que es donde se gana de verdad dinero.