De junio a octubre de este año parece que la Unión Europea ha sentado las bases para regular este trasiego de pacientes de un Estado a otro, con tratamientos sanitarios especializados y costosos de por medio. La cosa parece quedar en que paga el país de afiliación (donde se ha cotizado, vaya), y en caso de países terceros pues el de residencia habitual. Bueno, qué más da. El caso es que el Tribunal de Justicia ha dado el visto bueno, con algún matiz, a la cuestión clave de las autorizaciones previas a tratamientos. Por otro lado se equiparan los pagos a los costes "razonables" en el país que tiene que pagar y no en el de destino. Así pues, parece que se pone algo de orden en el convento.
¿Pero, y el resto? ¿Los que vienen de "otros sitios" que no son Unión Europea? ¿Y lo irregulares? Como saben, en Francia el presidente Sarkozy está creando estilo y, aparte de sacar gitanos rumanos, está poniendo un copago a este tipo de ciudadanos. ¿Es éste el futuro? ¿Deben los Gobiernos adoptar medidas similares si no quieren exponerse a una xenofobia creciente? ¿Asumimos un Estado del Bienestar nuestro y otro aparte de segunda división?
Por cierto, fíjense en la pasta que mueve este tema entre los Estados. Curiosamente, en este tema España presenta una balanza de pagos muy favorable, vamos que ingresará más que pagará.
Lo que no acabo de ver es si ese dinero desembocará en la Sanidad.
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